En nuestras aulas conviven diariamente niñas y niños que arrastran historias de desarraigo, esperanza y lucha. Son los hijos e hijas de la migración, de ese fenómeno humano tan antiguo como los caminos, pero que en los últimos años se ha vuelto más urgente y visible en América Latina. Sin embargo, lo que no siempre es visible —ni suficientemente atendido— es su derecho a una educación digna, inclusiva y sin discriminación.
En teoría, la mayoría de los países de nuestra región garantizan el acceso a la educación pública a toda la infancia, sin importar su nacionalidad o situación migratoria. Pero la distancia entre el papel y la realidad sigue siendo abismal. Barreras administrativas, falta de documentación, prejuicios, cupos escolares insuficientes y una burocracia que no sabe —o no quiere— flexibilizarse, terminan convirtiendo ese derecho en un privilegio.
He conocido a madres migrantes que, con lágrimas en los ojos, me cuentan que sus hijos llevan meses sin poder ingresar a una escuela. O que, cuando logran hacerlo, deben enfrentarse al acoso escolar, a la indiferencia o al trato diferenciado por su acento o color de piel. ¿Cómo puede un niño aprender si antes tiene que defender su humanidad?
La educación no solo es un derecho fundamental. Es también una herramienta poderosa de integración, cohesión social y reparación. Negarle ese derecho a una niña migrante es condenarla al margen. Y condenarnos, como sociedad, a perpetuar la exclusión y el conflicto.
En vez de ver a la niñez migrante como una carga, deberíamos reconocerla como lo que es: una riqueza. Cada idioma, historia familiar o experiencia de vida que se incorpora a una sala de clases puede ser un puente hacia un futuro más diverso, solidario y humano.
Pero para que eso ocurra, se necesita voluntad política. Políticas públicas que comprendan la realidad migratoria como un proceso estructural, no como una “crisis pasajera”. Se necesita formar docentes en competencias interculturales, flexibilizar requisitos de ingreso escolar, generar sistemas de apoyo emocional para estudiantes y familias, y sobre todo, escuchar a quienes viven estas experiencias en carne propia.
También se necesita un cambio cultural: pasar del miedo al encuentro. La infancia migrante no es “otra”, es parte del nosotros. Y mientras sigamos levantando muros invisibles en nuestros sistemas educativos, seguiremos alimentando desigualdades que, tarde o temprano, nos pasarán la cuenta.
Hoy, defender el derecho a la educación de la niñez migrante no es solo un gesto de justicia. Es una apuesta por la paz, la inclusión y el futuro que queremos construir. Porque cuando una escuela abre sus puertas de verdad, también abre un mundo de posibilidades.
OPINIÓN | Columnistas con Causa | Escrito por: Carlos Maldonado