La falta de financiamiento elimina servicios de accesibilidad, vulnera la Convención y paraliza el trabajo del Comité de la ONU
La crisis financiera que atraviesa Naciones Unidas está teniendo consecuencias directas y alarmantes sobre los derechos de las personas con discapacidad. Así lo denunció el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que advirtió que los recortes presupuestarios están bloqueando el acceso de personas sordas y con discapacidad auditiva a los trabajos del propio órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención.
En una declaración publicada el 2 de febrero, el Comité alertó que la falta de recursos ha provocado la supresión de servicios básicos de accesibilidad, como la interpretación internacional en lengua de señas y el subtitulado, impidiendo la participación de personas sordas en los procesos de supervisión de derechos humanos. La advertencia es clara: sin accesibilidad, el Comité no puede cumplir su mandato.
El impacto no se limita a la sociedad civil. Desde 2025, Naciones Unidas dejó de financiar la interpretación en lenguas de señas nacionales, trasladando el costo a los Estados, incluso cuando estos ofrecen el servicio de manera remota. Esta decisión, según el Comité, introduce nuevas barreras económicas que contradicen las obligaciones asumidas por los Estados Parte de la Convención.
La situación alcanza niveles de gravedad institucional. Uno de los miembros del propio Comité, Hiroshi Tamon, persona sorda e integrante del CDPD desde 2025, no ha contado con interpretación en lengua de señas para ejercer sus funciones, a pesar de que la resolución 80/197 de la Asamblea General de la ONU exige expresamente la provisión de ajustes razonables. La omisión no solo vulnera derechos individuales, sino que compromete la legitimidad del sistema internacional de supervisión.
Ante este escenario, la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA) insta a una respuesta inmediata y anunció gestiones directas con las autoridades de la ONU para asegurar que la 34ª sesión del Comité, prevista del 9 al 27 de marzo de 2026, se realice con todas las garantías de accesibilidad.
“La situación actual es inaceptable”, afirmó José María Viera, Director Ejecutivo de IDA. “Los servicios de accesibilidad no son un lujo ni un extra prescindible. Sin ellos, el Comité queda paralizado y el monitoreo internacional de derechos humanos se debilita gravemente. A 20 años de la Convención, estos retrocesos no pueden normalizarse”.
IDA llamó además a los Estados Parte de la Convención a asumir su responsabilidad financiera y política, recordando que la accesibilidad y los ajustes razonables no son opcionales, sino obligaciones legales vinculantes, tanto en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como de la Estrategia de Inclusión de la Discapacidad de Naciones Unidas.
Mientras la ONU promueve discursos de inclusión, las decisiones presupuestarias actuales —advierte la organización— están excluyendo en la práctica a las personas sordas de los espacios donde se definen y supervisan sus propios derechos.
Conclusiones clave:
- Los recortes presupuestarios en Naciones Unidas están vulnerando derechos fundamentales, al impedir la participación efectiva de personas sordas en el trabajo del Comité encargado de supervisar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- La Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA) emerge como un actor clave de alerta y presión institucional, instando a la ONU y a los Estados Parte a restituir de forma urgente los servicios de accesibilidad y a garantizar condiciones mínimas para el funcionamiento del Comité.
- La falta de accesibilidad dentro del propio sistema de Naciones Unidas contradice sus compromisos internacionales, debilita el monitoreo de derechos humanos y expone un retroceso inaceptable a dos décadas de la adopción de la Convención.
Fuente: Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA), organización global de personas con discapacidad, a partir de la declaración del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2 de febrero.
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